La denominada ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya, presentada el martes por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP, asegura nada más y nada menos que el derecho de autodeterminación de los pueblos es el primero de los derechos humanos y se amparan en un pacto de las Naciones Unidas de 1966. Yo, en mi incompetencia jurídica, estaba convencido de que el primer derecho humano es el de la vida y la libertad. Pero bueno, si Junqueras, Rufián, Tardá, Puigdemont y las CUP dicen semejante cosa en el frontispicio de una de las claves de bóveda de la arquitectura legislativa de la República Independiente de Cataluña que se está fraguando, no voy a ser yo el que refute ni un ápice de su verdad a los padres de la patria calatana, que como todo el mundo sabe es una colonia oprimida por la metrópolis madrileña y sus desinencias provinciales, tales como Pontevedra, Huesca y especialmente el Condado de Treviño, que con esa forma suya de ser y no ser también está cohibiendo el derecho primigenio de los artífices del llamado ‘Proces’, que es una cosa que nunca termina pero que tiene clara su partida de naturaleza: Jordi Pujol. Y claro, su familia, la que durante décadas ha ido expoliando la nación oprimida por las mañanas y sembrando de antiespañolismo cualquier rincón de sus predios: escuelas, periódicos y especialmente su televisión pública, una máquina constante de fractura de la sociedad en dos mitades. Ahora ya es demasiado tarde. La bola que se ha creado es tan enorme que vaya usted a saber en qué va a terminar el asunto. Parece tan improbable que no se celebre el referéndum como que el Gobierno haga algo. Pero algo tendrá que hacer Mariano, ese hombre del que nadie sabe nada. # Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja