Desde hace cuatros años la Generalidad de Cataluña, máxima institución del Estado Español en dicha Comunidad Autónoma, y especialmente su presidente, Artur Mas, han emprendido un monumental desafío al resto de España con el planteamiento de un proceso separatista amparándose en el llamado «derecho a decidir» y en la «voluntad de un pueblo para votar». Ambos argumentos son enormemente poderosos, aunque llevan implícitos una falsedad de base puesto que España es un Estado de Derecho donde se vota y se decide en cada proceso electoral. Pero lo peor de todo es que no han tenido la más mínima respuesta en ese relato de ninguno de los partidos con más representación en la Cortes Generales, que se han mostrado abúlicos, inoperantes e incapaces de ofrecer una opción conjunta y democrática ante un Gobierno Autonómico que incumple reiteradamente las leyes y las resoluciones judiciales, que son la base de nuestro ordenamiento jurídico. Discrepo, y éste es mi derecho como ciudadano, del desamparo al que someten las principales instituciones del Estado a los catalanes que no son independentistas (parece que la inmensa mayoría a tenor del resultado del domingo) y que se sienten solos en una sociedad gobernada por una élite nacionalista en la que la no comunión con la fe patriótica supone irremediablemente pasar a la clandestinidad. Discrepo, igualmente, con la torva utilización de un falso referéndum al que se le ha dado carta de naturaleza (incluso en medios de comunicación públicos) rompiendo en añicos cualquier cosa parecida a la limpieza y neutralidad que ha de tener un proceso electoral. Discrepo, en fin, de la gigantesca mentira nacionalista y de la parálisis de nuestros gobernantes para no hacer cada día otra cosa que no sea el más espantoso ridículo.
# Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja
