El que la hace la tiene que pagar, me dijo el otro día un amigo en una conversación de café sobre las últimas excarcelaciones de asesinos, violadores, terroristas y demás patulea que contemplamos en un insufrible gota a gota desde que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se calzó la doctrina Parot y puso de patitas en la calle a Inés del Río. Tras ella, y a pesar de que el Gobierno había dicho que no se iban a producir salidas masivas, no ha cesado ni un solo día la riada de esta suerte de personajes hacia la libertad. La calle, antes o después, era su destino y la decisión del TDH no ha hecho otra cosa que poner en evidencia la fragilidad de nuestro sistema jurídico y la poca decisión de nuestros gobernantes para adelantarse a los acontecimientos de una sociedad cada vez más compleja y exigente. Da la sensación de que nunca nadie (ni el PP ni el PSOE) quiere establecer de una santa vez los márgenes y las cesuras en cuestiones esenciales para la convivencia, tales como la reforma de la Justicia (lo del gobierno de los jueces a manos de los políticos es sencillamente una tomadura de pelo), la ley electoral, la ley de huelga o la cuestión más que evidente de la necesidad de introducir en nuestro Código Penal la cadena perpetua revisable (o como se quiera llamar) para casos evidentes en los que se comprueba que la regeneración de estas patologías es sencillamente irreversible porque no hay ni futuro para la reinserción social y porque de antemano se sabe que volverán a reincidir en los mismos crímenes: violadores, pedófilos, asesinos de niños y toda esa suerte de enfermedades mentales causantes de semejantes desviaciones. Pero claro, suena tan duro y tan poco progresista defender la cadena perpetua que ningún partido político español creo que sea tan atrevido a llevarlo en su programa electoral.
# Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja.
