Al cihureño Miguel Chavarri le descarrajaron dos pistoleros de ETA nueve tiros en su despacho de Beasáin en 1979. Seis años después, Alejandro Sáenz, un riojano de 58 años que había nacido en la ya deshabitada aldea de Garranzo, era asesinado a las puertas de su casa el día en el que se jubilaba como jefe de puertas de la factoría de la Michelín de Lasarte. En ambos casos la banda terrorista reivindicó la autoría de los atentados pero nunca se supo de los autores materiales de los disparos. Estos dos casos corresponden a los 379 asesinatos de ETA sin resolver y son por los que una misión de eurodiputados viajará a España en el segundo semestre de este año para investigar las razones por las que han quedado en el siniestro limbo de la impunidad. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox apoyaron la creación de dicha delegación y los socialistas europeos votaron en contra, entre ellos el eurodiputado riojano César Luena. El Grupo Socialista Europeo ha esgrimido diversas razones para explicar su oposición a esta misión de investigación pero a nadie se le escapa la necesaria abstención de Bildu para la investidura de Sánchez ni los acuerdos en Navarra con el partido aberztale para la presidencia de María Chivite y su recién alcanzado pacto para los presupuestos forales. Hay cosas que deberían estar muy por encima de las nefastas diatribas entre partidos políticos para alcanzar sus cuotas de poder y la memoria, justicia y defensa de las víctimas del terrorismo son uno de los patrimonios sagrados de nuestra democracia. No entiendo cómo el partido de Luena y sus socios de Podemos hacen bandera de la Memoria Histórica y actúan de esta forma ante el recuerdo más sangrante de atentados tan viles.
