El periodismo atraviesa un momento crítico, seguramente no más que otros sectores de la sociedad que tratan con más o menos suerte y talento de zafarse de los rigores de esta crisis interminable. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con esta profesión tiende a multiplicarse hasta el infinito, tal y como acaba de suceder con los trabajadores de Canal 9, cerrada inopinadamente por el presidente Fabra tras declararse improcedente el ERE de buena parte de una plantilla que, para que se sepa, supera las 1.700 personas. El problema de los medios públicos no son ellos en sí mismos, es el modelo en el que se ha sustentado: derroche máximo (800 euros por intervención cobraban los contertulios en la era Camps), colocación de infinitos amigos, y esa constelación de productoras afines que chupan de las tartas públicas en dichos estamentos: en Cataluña los amigos de CiU; en Valencia los del PP; en Andalucía, los socialistas y en el País Vasco, los del PNV. Así en todas y cada una de dichas televisiones sin olvidar el ente central televisivo y sus correspondientes satélites de radios, webs y canales satelitales, mochila de la que también se han dotado las teles territoriales. Es decir, una pasta gansa intolerable a la que además hay que unir la forma en la que la partitocracia utiliza esos medios pagados con el dinero de los contribuyentes: la loa total del que manda, el ninguneo sistemático de la oposición y la identificación con el proyecto político que en cada ocasión alcanza el poder mediante comisarios informativos de todos los colores imaginables. Desgraciadamente, en la mayor parte de las ocasiones no son medios informativos, tienen la piel del periodismo, pero obedecen a otros intereses que para nada tienen que ver con la libertad de expresión y esas nimiedades que tan poco suelen interesar a los que nos gobiernan.
# Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja.
