La casuística paranormal de la política española parece no tener límites más allá de la realidad. No hace mucho tiempo a la infanta Elena le pusieron una multa por conducir su tractor sin seguro y ahora como por ensalmo, la Agencia Tributaria (ésa que nunca se equivoca con ninguno de nosotros, ciudadanos esquilmados e indefensos) ha embarcado a su hermana en la enajenación de pisos, varias casas y diferentes fincas rústicas por un valor de 1,43 millones de euros. El dossier emitido por el fisco iba dirigido al juez del caso Noos, el mismo que la imputó y el mismo que vio después cómo la desimputaban en un rocambolesco ejercicio de funambulismo entre constitucional y obsceno para que todos y cada uno de los españoles comprobáramos que, efectivamente, no somos iguales ante la Ley. El misterio de las fincas atribuidas a la infanta Cristina pasó ayer de castaño oscuro cuando el ministro Montoro (que cada día tiene peor cara y que asusta cuando matiza las cosas con esa especie de mueca cóncava y transilvana) dijo que la cosa era «sencilla y simplemente un error de procedimiento administrativo». O sea, que un juez reclama a Hacienda ciertos datos fiscales de la hija del Rey, la entidad recaudadora envía un dossier falso e imposible de cabo a rabo y el ministro del ramo se despacha atribuyéndolo todo a un error administrativo: «No vean fantasmas volando», espetó en el Parlamento. Uno tiene la sensación de que el desconcierto se ha generalizado y que de la misma manera que Blesa entra y sale de la cárcel casi de forma aleatoria según le atice el juez Elpidio Silva o la Audiencia de Madrid, los asuntos de la corrupción han acabado por enfangarlo todo, al Gobierno, a la oposición, a la justicia y a unos ciudadanos que lo único que queremos es salir corriendo.
# Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja.
