A medida de que la crisis avanza destruyendo nuestra economía y sacando las vergüenzas de los derroches institucionales de todas y cada una de las administraciones –sean del color político que sean y pertenezcan al ámbito municipal, autonómico o nacional–, la realidad es que España parece encaminarse lenta pero progresiva e inevitablemente hacia una especie de suicidio colectivo ante la mirada anestesiada de sus ciudadanos. La crisis y el paro brutal parecen tapar todo el rumor de desidia colectiva que lleva rumiando este país desde hace más de una década. El desarme general de valores tiene además un aliado perfecto e inevitable en esa cosa llamada Tribunal Constitucional, que lejos de parapetar al Estado de la influencia de la política sobre la justicia, avala el mangoneo hasta límites insospechados. La sentencia de Sortu es el último ejemplo de cómo un país puede cometer errores descabellados una y otra vez hasta acabar dinamitando cualquier confianza en las instituciones. El bochorno de los gastos en viajes del Consejo General del Poder Judicial, tanto de Dívar como de los aliados ‘garzonitas’ que han acabado por echarle, pone bien a las claras que aquí ha robado o derrochado todo el mundo a manos llenas hasta vaciar las arcas de un Estado que hay días que no tiene ni para pagar la gasolina de los motoristas de la Guardia Civil. Mientras tanto, Mariano Rajoy ofrece una sensación de fragilidad absoluta y sus silencios contrastan con la imperiosa necesidad de hablar claro: «Miren, estamos arruinados y las reformas no son suficientes. Hay que cambiar el paradigma, el modelo de Estado, ya que el que tenemos es imposible de sostener». Pero, aunque lo sabe, ni lo dice ni lo dirá.
# Publicado en Diario La Rioja
